EL PRESIDENTE Sebastián Piñera intervino para frenar el proyecto de la central termoeléctrica Barrancones, pero en las inmediaciones de Punta de Choros otra central a carbón de similares características pretende instalarse a sólo 30 kilómetros del santuario natural.

Según reveló El Mostrador, el 31 de marzo de 2011 la Conama Regional de Coquimbo deberá finalizar la evaluación ambiental de esta iniciativa. Se trata de la Central Termoeléctrica Cruz Grande, de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), cuya tramitación sigue su curso.

El problema es que sobre esta iniciativa de US$460 millones se cierne una serie de acusaciones de conflicto de interés. Y es que el diario electrónico reveló que en la firma Gestión Ambiental Consultores (GAC), encargada del Estudio de Impacto Ambiental de Cruz Grande, la actual ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, fue la gestora de proyectos formando parte del equipo que hizo dicho informe en 2008.

A su vez el director ejecutivo de la Conama, Ignacio Toro, participó en el área de modelación de descarga del efluente, mientras que Ricardo Katz, actual representante del Centro de Estudios Públicos en el Consejo de la Conama, estuvo a cargo de la supervisión general, y Leonel Sierralta, jefe del Departamento de Recursos Naturales, supervisó la línea base del proyecto.

A juicio de la senadora Soledad Alvear (DC) a todas luces estas personas deberían inhabilitarse en caso de que deban pronunciarse respecto de Cruz Grande. Y así se lo plantearon al contralor Ramiro Mendoza, a quien presentaron la información. "Él quedó de ver los antecedentes con toda la urgencia y rigurosidad que merece esto y manifestó su disposición de realizar este estudio ya", explicó a La Hora.

"Claramente aquí hay una inhabilidad y no se puede ser juez y parte en un mismo proceso", sentenció.